Indicetulum

Política y Ley de Desarrollo Rural Integral

-Una necesidad histórica en Guatemala-

CNOC demanda aprobación y emisión de ambos instrumentos

En diciembre de 2007, en el periodo entre las dos vueltas electorales, el hoy Presidente Ingeniero Álvaro Colom, inició acercamientos con organizaciones indígenas, campesinas y otras expresiones del movimiento popular.

Un compromiso asumido en ese momento fue la formulación y promulgación, en consulta con el movimiento popular, de la Política y la Ley de Desarrollo Rural Integral.

El 31 de abril se firmó entre el Gobierno de la República y la Alianza para el Desarrollo Rural Integral (ADRI) y otras organizaciones sociales, el Acuerdo Marco para el proceso de Diálogo por el Desarrollo Rural Integral y la Resolución de la conflictividad agraria.

Entre los objetivos del proceso de diálogo se establecieron:

§ Impulsar las políticas públicas, las transformaciones institucionales y las reformas legales que sean necesarias para alcanzar el desarrollo rural integral.

§ Establecer las condiciones legales, administrativas y políticas para resolver la conflictividad agraria, la inseguridad alimentaria y nutricional y el irrespeto de los derechos laborales en el campo, prestando especial atención al goce pleno de los derechos de las mujeres, de las comunidades indígenas y demás grupos sociales en situación de pobreza.

§ Establecer las condiciones institucionales y financieras para impulsar, en el área rural, políticas públicas de acceso a la tierra y recursos productivos, de fomento productivo, generación de empleo y dinamización de las economías campesinas e indígenas.

El gobierno no ha mostrado voluntad política para terminar con la represión en el campo, los desalojos ni la violación de los derechos laborales. El movimiento popular ha respondido con más organización y movilizaciones.

Sin embargo, también hemos continuado con el diálogo para forzar al gobierno a cumplir con el mandato constitucional de propiciar el bien común.

A la fecha se ha definido en el proceso de Diálogo al sujeto de la Política y la Ley como "la economía campesina, pueblos y comunidades indígenas, campesinos con tierras insuficiente, improductiva o sin tierra; mujeres campesinas e indígenas y, en general, la población en pobreza, extrema pobreza, pequeños productores rurales, asalariados en el área rural ya sea de forma permanente o temporal y micro y pequeñas empresas rurales".

El sector privado, por su parte, pretende la aprobación de la denominada Ley Marco de Desarrollo Rural, que no responde a las demandas del pueblo.

Por lo anterior, la CNOC como organización miembro de la ADRI manifiesta:

Rechazamos la intención de aprobar la denominada Ley Marco de Desarrollo Rural, ya que es una propuesta que no responde a los intereses populares.

Demandamos a los diputados y diputadas la aprobación de la Política –por el Organismo Ejecutivo- y de la Ley de Desarrollo Rural Integral, por el Congreso de la República, tal como se ha definido entre el Gobierno y las organizaciones populares.

Llamamos al pueblo y a las organizaciones sociales a apoyar la iniciativa de Ley y el espíritu de sus contenidos, formulada por el movimiento popular.

Guatemala, 22 de agosto de 2008

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